La Paz-. La reinstalación del juicio Golpe de Estado I en La Paz contra el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el excívico de Potosí Marco Pumari reactiva hoy el interés de los bolivianos.
Ambos acusados, encarcelados preventivamente, llegaron al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz en medio de un operativo policial iniciado a las 06:00 hora de Bolivia, que partió desde la prisión de máxima seguridad de Chonchocoro, departamento paceño, donde permanece Camacho desde diciembre de 2022.
En el caso de Pumari, la caravana de vehículos de la Policía Nacional partió de la cárcel de San Pedro, en el centro de La Paz, adonde fue trasladado la semana pasada desde Potosí.
Por una acusación de la exdiputada Lidia Patty, fueron investigados en este expediente la expresidenta de facto Jeanine Áñez, Camacho y Pumari.
Incluyó este caso, asimismo, a los exgenerales de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman y Carlos Orellana, al excomandante de la Policía Yuri Calderón y al exministro Luis Fernando López, todos declarados “rebeldes” porque huyeron de Bolivia; así como al exinspector general del Ejército Jorge Fernández.
Áñez, 48 horas después de asumir la presidencia del país ilegalmente el 12 de noviembre de 2019, firmó el decreto supremo 4078 (conocido como de la Muerte) que eximió de responsabilidad penal a militares y policías por la violencia aplicada en la represión contra quienes reclamaban restaurar el orden constitucional.
Como resultado, ocurrieron las masacres de Senkata, en la ciudad de El Alto; El Pedregal, en La Paz, y Sacaba, en el departamento de Cochabamba, con un saldo de cerca de 40 muertos y cientos de heridos por armas de fuego, así como miles de encarcelados y torturados.
Según la Fiscalía, “existen suficientes indicios” de que Camacho sea el autor de los delitos de “financiamiento al terrorismo, cohecho activo, seducción de tropa, instigación pública a delinquir y asociación delictuosa, tipificados y sancionados en los artículos 133 bis, 158, 127, 130 y 132 del Código Penal”.
El acusado reveló en diciembre de 2019 en una reunión con aliados golpistas, filmada y transmitida por diversas televisoras, que su padre, José Luis, negoció con militares y policías un acuerdo para que no respaldaran al entonces presidente Evo Morales, en medio del golpe de Estado que culminó con la renuncia de este el 10 de noviembre de ese año.
Pumari también fue parte activa de las violentas movilizaciones con el pretexto de un supuesto fraude en las elecciones generales de 2019, con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA), ilícito que fue desmentido por expertos internacionales.
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