En 2019 el país perdió su primera oportunidad de concretar el negocio del litio debido a las movilizaciones que tuvieron como principal actor al Comité Cívico Potosinista (Comcipo) contra el contrato con un consorcio alemán. Seis años después, resurge un intento –también impulsado por Comcipo– de anular los acuerdos con empresas chinas y rusas. ¿Qué sucederá esta vez?
El litio se debate entre intereses geopolíticos y el sabotaje interno, con actores nacionales y regionales que buscan obstaculizar los intentos del Estado de industrializar este recurso. Estas tensiones han escalado desde acciones violentas y discursos de intolerancia (desde 2019) hasta el sabotaje en la Asamblea Legislativa (desde 2023). La consecuencia más clara: el retraso de Bolivia para ingresar al mercado internacional del litio.
Los intereses geopolíticos quedaron expuestos cuando Laura Richardson, representante de los Estados Unidos, manifestó el interés norteamericano en controlar este recurso que es estratégico para la transición energética. Para Washington el avance de empresas no estadounidenses (alemanas en 2019; chinas y rusas hoy) amenaza su hegemonía sobre un mineral cuyas mayores reservas globales yacen en el “triángulo del litio” (Chile, Argentina y Bolivia).
Por otro lado, la derecha local mostró su lado más violento en 2019 al articular grupos irregulares –con escudos y armas improvisadas– en las protestas de Comcipo. Aquel 3 de noviembre, una semana antes del golpe, lograron anular el decreto que permitía la entrada de una empresa alemana.
Estas movilizaciones replicaron tácticas usadas en Potosí en paros previos de Comcipo, como golpear postes de luz para generar sensación de caos y proyectar una imagen de debilidad estatal para mantener paz y orden. Hoy resurgen prácticas similares a las de 2019, como los jóvenes encapuchados con escudos de turril vistos en Potosí este pasado 10 de febrero.
Si en 2019 primaron la polarización y la violencia, desde 2023 se suma un nuevo actor: el bloque autodenominado “radical” de la Asamblea Legislativa que termina siendo parte del sabotaje. Este bloque no solo rechaza los contratos de litio, sino que promueve una polarización similar a la que sufrió el propio MAS cuando la crisis de 2019.
Un hecho alarmante son los llamados de asambleístas “radicales” a “identificar traidores” en Potosí que aprobaron los contratos. Esto podría exponer a dichos legisladores no solo al repudio, sino a la violencia en un Potosí agitado por la extrema derecha. La estrategia recuerda a la censura y “muerte civil” impulsada contra el Movimiento Al Socialismo (MAS) durante la Asamblea Constituyente, o la persecución política tras el golpe de 2019.
Hoy estos ejes se articulan en una campaña digital masiva contra los contratos de litio. Solo con el hashtag #Litio en TikTok, en la última semana, se publicaron cerca de 400 videos con 8,6 millones de reproducciones en días recientes, superando ampliamente el alcance de semanas anteriores y mostrando una campaña sostenida y organizada en esa red social.
Estamos ante una campaña que fusiona intereses geopolíticos y de sabotaje. El resultado podría ser otro retraso en la industrialización del litio, un lujo que Bolivia ya no puede permitirse: el país perdió el boom de precios de $us 80 mil por tonelada de 2022 (hoy ronda los $us 12 mil).
Aquel rezago no solo perjudica económicamente al país, sino que plantea riesgos para su estabilidad democrática. La campaña no solo debe desmentirse, también es necesario un análisis urgente por sus consecuencias en la paz social y en el sistema democrático a causa de los mecanismos de polarización e intolerancia que van desarrollando. (por Edmundo Juan Nogales Arancibia-Abogado, analista político).
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